La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha advertido de que España no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual, respaldando así la postura de María del Mar Caamaño, la madre de Mara, que ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDHE) la sentencia del Tribunal Supremo que le impide votar. La posición de la comisaria europea ha sido aplaudida desde la FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA, a la que pertenece Mara, y que en todo momento ha respaldado la decisión de la familia de recurrir, primero, ante el Tribunal Constitucional y, después, ante el TEDH.

Dunja Mijatovic, comisaría europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

“Nadie debería ser privado de su derecho al voto debido a sus discapacidades. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción”, ha señalado Dunja Mijatovic, coincidiendo con la publicación de sus observaciones escritas.

María del Mar Caamaño agradece el apoyo de la comisaria europea y espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie pronto y dé la razón a Mara. “Nosotros sólo estamos pidiendo que se cumpla la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”, señaló Mar Caamaño, agradeciendo el posicionamiento de Dunja Mijatovic.

Las observaciones del Comisionado se basan en el trabajo de la Oficina del Comisionado sobre el derecho de voto de las personas con discapacidad y una visión general del Consejo de Europa y las normas internacionales sobre este tema, comenzando con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mar Caamaño y Juan Martínez ante el TC en febrero de 2017.

El presidente de DOWN COMPOSTELA, Juan Martínez, resaltó la importancia del apoyo de Dunja Mijatovic, y pide a los políticos españoles “que de una vez por todas antepongan los derechos de las personas con discapacidad a los intereses partidistas y que reformen sin más demora la Ley Electoral para dar cumplimiento a la Convención de la ONU y a la propia Constitución Española y evitar las situaciones de discriminación que afectan a 100.000 españoles con discapacidad que no pueden votar”. Mar Caamaño y Juan Martínez participaron en febrero de 2017 en la manifestación que reclamaba ante el Tribunal Constitucional el derecho al voto para las personas con discapacidad.

La comisaria se pronunció en calidad de “tercera parte”, una figura prevista por el Convenio europeo de derechos humanos y que en un juicio le permite ofrecer razonamientos vinculados con los hechos de un caso antes de que se resuelva.

Mijatovic advierte de que privar a las personas del derecho de voto basándose en la discapacidad, incluso después de una evaluación hecha por un juez sobre la capacidad cognitiva o el estado de salud mental de la persona, es contrario a estas normas. Tampoco los considera compatible con ningún objetivo legítimo y avisa de que supone discriminación.
“En una democracia moderna, ningún elector debe explicar por qué vota a tal partido o candidato”, añadió la comisaria, según la cual pese a la idea de que retirar el voto permite proteger a ese individuo en verdad “perpetúa la exclusión y el estigma y priva a la sociedad de cargos que la representan en toda su diversidad”.

En sus conclusiones, difundidas hoy y enviadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 9 de julio, recordó que los Estados deben cumplir ciertas “obligaciones positivas” para que personas en situación de discapacidad intelectual o psicosocial puedan ejercer su derecho.

Entre ellas, ayudarlas a entender en qué consiste una elección y cómo votar.

Mijatovic subrayó que el derecho a voto de esas personas debería defenderse “sin excepción” y destacó que la situación en España es representativa de una tendencia más general que prevalece en Europa, por lo que recordar a esos países sus obligaciones podría “acelerar” los cambios necesarios.

100.000 personas privadas de voto en España

El derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual es una vieja reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que estima que esta privación afecta a unas 100.00 personas en España.

En la actualidad, el Congreso de los Diputados tramita una proposición de Ley de reforma electoral, planteada des de la Asamblea de Madrid, a sugerencia precisamente del CERMI, que corregiría la privación del derecho de sufragio a personas incapacitadas judicialmente. Sin embargo, se han producido sucesivas dilaciones en la aprobación de esta norma.

Según el CERMI, ya son siete países los que han suprimido las barreras y restricciones legales al derecho de sufragio universal para todas las personas con discapacidad: Austria, Croacia, Italia, Países Bajos, Letonia, Suecia y Reino Unido.